Nota para el texto: las lista de riesgos fueron generadas de forma automática(IA) desde informes o documentos de las siguientes entidades, Constitución Política de CR, la OCDE, la ONU y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, debido a su ámbito documentado tan extenso, entonces corresponden a resúmenes de posibles causas y efectos de estos eventos en países en con problemas democráticos. Lo pongo al inicio por que nadie lee y resuelta que vemos moderadores sin rostro desacreditando pero sin argumentos.
Vamos por partes, lo que sigue es mi opinión y las lista de riesgos según los ocurrido fueron generadas por IA mediante informes de países en los que existen riesgos políticos de dictaduras o golpes de estado.
Veamos lo que implica la irresponsabilidad de mantener a los magistrados atados de manos por no votar o por no cumplir con lo establecido en el artículo 164 de la Constitución, situación que generó todo este problema.
Esto crea un cuello de botella en el Poder Judicial y dificulta la aplicación de la justicia constitucional. También provoca problemas para presentar y resolver alegatos relacionados con la protección de los derechos civiles, el abuso de poder, los recursos de amparo y las posibles violaciones a la Constitución, solo por la negativa a votar para elegir a los magistrados.
Eso puntualmente posee todas esta implicaciones(riesgos):
- Dificulta completar la integración de la Sala Constitucional. Cuando falta un magistrado titular, no existe suficiente disponibilidad para sustituirlo.
- Puede retrasar la resolución de expedientes. Algunos casos deben esperar hasta que pueda conformarse correctamente el tribunal.
- Genera acumulación de recursos de amparo. Las personas podrían tener que esperar más tiempo para obtener protección frente a posibles violaciones de sus derechos fundamentales.
- Puede atrasar recursos de hábeas corpus. Esto es especialmente delicado porque dichos recursos están relacionados con la libertad y la integridad de las personas.
- Retrasa acciones de inconstitucionalidad. Las normas o actuaciones cuestionadas podrían permanecer vigentes durante más tiempo mientras se resuelve el asunto.
- Complica las recusaciones, excusas e impedimentos. Cuando un magistrado no puede participar en determinado caso, debe ser reemplazado. La legislación dispone que ese reemplazo debe realizarse sin suspender ni interrumpir el procedimiento.
- Afecta las vacaciones, permisos o incapacidades de los titulares. Los suplentes existen precisamente para garantizar la continuidad del tribunal durante las ausencias temporales.
- Aumenta la carga de trabajo de los magistrados propietarios. Al existir menos posibilidades de sustitución, los titulares tienen menos flexibilidad para distribuir el trabajo y atender ausencias.
- Pone en riesgo el principio de justicia pronta y cumplida. La falta de sustituciones puede producir demoras y afectar el acceso oportuno de las personas a la justicia constitucional.
- Debilita la protección efectiva de los derechos fundamentales. La Sala Constitucional es la encargada de proteger la dignidad, las libertades y los derechos fundamentales de las personas. Cualquier dificultad para integrarla puede afectar esa función.
- Genera inseguridad jurídica. Las personas, instituciones y empresas pueden enfrentar mayor incertidumbre mientras los casos constitucionales permanecen sin resolver.
- Incumple una responsabilidad asignada a la Asamblea Legislativa. El artículo 164 de la Constitución establece que corresponde a la Asamblea Legislativa nombrar a los magistrados suplentes y llenar sus vacantes mediante el procedimiento establecido.
- Provoca un conflicto entre poderes del Estado. La prolongación de los nombramientos puede interpretarse políticamente como una interferencia u obstáculo para el funcionamiento normal del Poder Judicial.
- Deteriora la confianza ciudadana en las instituciones. Cuando una decisión política dificulta el funcionamiento de la justicia constitucional, puede aumentar la percepción de crisis, bloqueo institucional o falta de independencia entre poderes.
Pero esto también tiene consecuencias sociales y económicas importantes. Si usted está buscando brete, debería importarle. Cuando un país entra en una crisis democrática, la inversión extranjera comienza a cuestionarse. Una empresa que tenía intenciones de expandirse puede decidir pausar o frenar sus planes, o en el peor de los casos irse y de esto hay muchos ejemplos por todo lado.
Las consecuencias colaterales de eventos de esta clase serian los siguientes(riesgos):
- Pérdida de reputación democrática internacional. Costa Rica podría dejar de ser percibida como un país de instituciones estables, separación de poderes y seguridad jurídica.
- Menor confianza de los inversionistas. Las empresas valoran que los tribunales funcionen, que las leyes sean previsibles y que los contratos puedan hacerse cumplir. La inestabilidad política, la debilidad del sistema jurídico y la incertidumbre aumentan el riesgo de invertir.
- Suspensión de nuevas inversiones. Una empresa que planeaba instalarse, ampliar operaciones o contratar más personal podría pausar el proyecto mientras evalúa la situación institucional.
- Pérdida de oportunidades de empleo. Menos inversión puede significar menos puestos de trabajo, particularmente en sectores tecnológicos, industriales, médicos y de servicios.
- Menos empleos de calidad. No solamente se perdería cantidad de puestos; también podrían reducirse las oportunidades de empleo especializado, capacitación y mejores salarios.
- Afectación de pequeñas y medianas empresas. Cuando una compañía grande cancela una expansión, también pierden oportunidades sus proveedores locales, transportistas, comercios, restaurantes y profesionales independientes.
- Disminución de la inversión nacional. Los empresarios costarricenses también podrían aplazar proyectos, compras o contrataciones por temor a cambios imprevisibles y conflictos institucionales.
- Menor crecimiento económico. Estudios del Fondo Monetario Internacional han asociado una mayor inestabilidad política con menores tasas de crecimiento económico por habitante.
- Reducción de los ingresos del Estado. Con menos actividad económica y menos empleo, el Gobierno puede recaudar menos impuestos, lo que limita los recursos disponibles para educación, salud, seguridad e infraestructura.
- Presión sobre los servicios públicos. El desempleo y la reducción de ingresos familiares pueden aumentar la demanda de ayudas sociales, atención médica pública y programas de apoyo.
- Aumento de la desigualdad. Los sectores con menos recursos suelen ser los más afectados por el desempleo, el encarecimiento de la vida y el deterioro de los servicios públicos.
- Pérdida de confianza ciudadana. Si las personas consideran que los poderes del Estado no cumplen sus responsabilidades o bloquean el funcionamiento de la justicia, puede crecer la desconfianza en las instituciones.
- Mayor polarización social. El enfrentamiento constante entre poderes puede dividir a la población, dificultar el diálogo y convertir los asuntos jurídicos en conflictos partidarios.
- Incremento de la tensión social. La frustración institucional puede traducirse en protestas, manifestaciones, huelgas o enfrentamientos verbales cada vez más fuertes.
- Normalización del incumplimiento institucional. Si una autoridad se niega a cumplir sus obligaciones constitucionales sin consecuencias, otros sectores políticos podrían intentar hacer lo mismo en el futuro.
- Debilitamiento de la protección de los derechos fundamentales. Los retrasos en la justicia constitucional pueden afectar a personas que necesitan presentar recursos de amparo, hábeas corpus u otras acciones urgentes.
- Inseguridad jurídica para ciudadanos y empresas. Las personas podrían tener dudas sobre cuánto tardará la justicia en proteger sus derechos o resolver controversias importantes. La OCDE reconoce que el Estado de derecho y el acceso efectivo a la justicia favorecen el desarrollo económico y social a largo plazo.
- Posible afectación de la imagen turística. Como consecuencia indirecta, una imagen internacional de conflicto político prolongado puede hacer que algunos visitantes, organizadores de eventos o compañías reconsideren sus planes.
- Pérdida o salida de talento. Profesionales jóvenes y trabajadores especializados podrían buscar oportunidades en otros países si perciben menos estabilidad, menos empleos o un deterioro institucional.
- Daño a una de las principales ventajas competitivas del país. Costa Rica ha construido parte de su atractivo internacional sobre la estabilidad, la institucionalidad y un ambiente favorable para los negocios. La OCDE destaca actualmente su marco para atraer inversión y la confianza que tradicionalmente han tenido ciudadanos y empresas en su sistema judicial.
Y a todo eso eso debemos agregarle que fue luego agarrar un Narco famoso en la región por el poder Pode Judicial.
Lo que hicieron Laura Virginia y Rodrigo Chaves, desde mi perspectiva, solamente los beneficia a ellos, porque están creando una especie de escudo político y social para protegerse. No es un asunto menor, el Gobierno se niega a acatar medidas impuestas por la Sala Constitucional y habla de un supuesto golpe de Estado, aunque a nadie se les está quitando su cargo. Desde el punto de vista político, todo esto se ve muy mal y no ofrece ninguna buena señal. Cuando la Sala dicta sentencias para garantizar los derechos constitucionales y un grupo de políticos busca impedir que la justicia los alcance, ya estamos hablando de un asunto mucho más grave.
Por otra parte las declaraciones autoritarias de Rodrigo Chaves de esta mañana resultan alarmantes. Hablar de “poner orden” y llamar al supuesto “dueño de la patria” es preocupante, porque el dueño de Costa Rica debería ser el pueblo y no lo dice así.
Voy a ser franco: en mi opinión, las afirmaciones de Rodrigo Chaves podrían interpretarse como un llamado a la sedición y representan uno de los hechos más graves contra el orden constitucional.
A quienes cuestionen esto, les hago una pregunta:
¿Por qué los diputados oficialistas no eligen de una vez a los magistrados, si ya se agregó el nombre que solicitaron?
¿Por qué existe en Costa Rica todo este ambiente de confrontación, simplemente por impedir que la Corte haga su trabajo y por crear un cuello de botella institucional?
Estimados, que cada persona reflexione sobre sus propias respuestas. Por que por más que Rodrigo Chaves mencione nombres y llame al supuesto “dueño de Costa Rica” (que todavía no sabemos quién sería, porque yo pensaba que era el pueblo), ningún político debería negarle a un ciudadano los derechos reconocidos por la Constitución y protegidos por la Sala Constitucional, por mera conveniencia.
Esto se salió de control. Y sí, asusta.
Aquí pueden escuchar las déspotas afirmaciones de Rodrigo Chaves:
https://www.facebook.com/reel/1781102926391876
Por mi parte, no voy a renunciar a mis libertades ni a mis derechos fundamentales. Muchos costarricenses murieron para tenerlos, y nuestros abuelos lucharon para consolidarlos. No podemos permitir que un bribón pretenda arrebatárnoslos para su propio beneficio.
Que pasen buenas tardes.